Glosario de contratación pública

Un acuerdo marco es una técnica de racionalización de la contratación por la que uno o varios órganos de contratación fijan de antemano las condiciones (precios, calidades, empresas seleccionadas) de los contratos basados que se adjudicarán durante su vigencia. Su duración no puede exceder de cuatro años, salvo casos excepcionales debidamente justificados, aunque la duración de los contratos basados es independiente de la del propio acuerdo.

Para las empresas, entrar en un acuerdo marco supone acceder a un flujo recurrente de contratos sin licitar cada uno desde cero. Su regulación en la LCSP se explica en detalle en el artículo sobre acuerdos marco y centrales de contratación.

La adjudicación es el acto por el que el órgano de contratación decide, de forma motivada, qué oferta es la mejor conforme a los criterios de adjudicación del pliego, y selecciona a la empresa que ejecutará el contrato. Antes de adjudicar, el órgano requiere al licitador mejor clasificado para que presente la documentación acreditativa de los requisitos previos y constituya la garantía definitiva.

La resolución de adjudicación se notifica a todos los licitadores y se publica en el perfil de contratante, e incluye la información necesaria para poder interponer, en su caso, el recurso especial. Tras la adjudicación llega la formalización, que perfecciona el contrato.

El adjudicatario es la empresa (o la UTE) a la que el órgano de contratación adjudica un contrato público por haber presentado la mejor oferta según los criterios del pliego. Desde ese momento asume obligaciones concretas: acreditar los requisitos de capacidad y solvencia, constituir la garantía definitiva y firmar la formalización del contrato en plazo.

Conocer quiénes son los adjudicatarios habituales de tu sector es una fuente de inteligencia comercial muy valiosa: revela quién gana, con qué bajas y para qué órganos. El artículo sobre cómo analizar a la competencia por adjudicatarios explica cómo explotar ese dato.

El anuncio de licitación es la publicación oficial que abre la convocatoria de un contrato: identifica el objeto, el presupuesto base, el procedimiento, los códigos CPV y, sobre todo, la fecha y hora exactas de fin del plazo de presentación de ofertas. El artículo 135 de la LCSP exige publicarlo en el perfil de contratante, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad; si el contrato está sujeto a regulación armonizada (SARA), debe publicarse además en el DOUE.

Es el documento que marca el inicio del cómputo de plazos, por lo que detectarlo pronto es decisivo. En dónde se publican las licitaciones se explica el circuito PCSP–BOE–DOUE completo.

El anuncio previo (o anuncio de información previa, artículo 134 LCSP) es una publicación con la que el órgano de contratación anticipa su intención de licitar determinados contratos, especialmente los sujetos a regulación armonizada, antes de convocarlos formalmente. No abre plazo de presentación de ofertas: es una señal temprana de programación de la actividad contractual.

Tiene dos utilidades prácticas. Para la Administración, publicarlo con la antelación adecuada permite reducir los plazos mínimos de presentación de ofertas del procedimiento posterior. Para las empresas, es una pista de mercado: quien detecta el anuncio previo puede preparar la oferta con semanas de ventaja. Más contexto en la guía de plazos en licitaciones públicas.

La baja es el descuento que una empresa ofrece respecto al presupuesto base de licitación, normalmente expresado en porcentaje. Si el presupuesto base es 100.000 € y ofertas 88.000 €, tu baja es del 12 %. Es la variable competitiva central en la mayoría de licitaciones, porque el precio suele ser el criterio de adjudicación de mayor peso.

Calibrar la baja exige conocer el histórico del segmento: qué bajas medias se adjudican en tu CPV, territorio y tramo de importe, y a partir de qué punto una oferta entra en presunción de anormalidad. El artículo sobre cómo estimar la baja de un concurso desarrolla el método con datos reales de adjudicaciones.

La clasificación empresarial (artículos 77 a 83 LCSP) es un sistema centralizado de acreditación de la solvencia: la empresa se clasifica una vez, por grupos, subgrupos y categorías según su actividad y capacidad económica, y esa clasificación sustituye a la acreditación de solvencia licitación a licitación. La otorgan las Juntas Consultivas de Contratación y se inscribe en el ROLECE.

En contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000 € la clasificación es requisito imprescindible; por debajo de esa cifra, y en servicios, es potestativa y sirve como medio alternativo de acreditar solvencia si el pliego lo prevé. La guía de capacidad y solvencia del empresario explica cuándo compensa clasificarse.

El código CPV (Common Procurement Vocabulary) es el vocabulario común europeo con el que los órganos de contratación describen el objeto de sus contratos en un lenguaje unificado. Comprende alrededor de 9.500 códigos jerárquicos de 8 dígitos: los dos primeros indican la división (por ejemplo, «45» para trabajos de construcción) y los siguientes van afinando hasta la categoría más específica. Su uso es obligatorio en las publicaciones del DOUE.

Para las empresas es la herramienta de búsqueda más precisa: filtrar por los CPV de tu actividad permite localizar oportunidades y crear alertas sin ruido. Puedes explorar el árbol completo en el buscador de códigos CPV y aprender a elegirlos en cómo usar los códigos CPV.

El contrato menor (artículo 118 LCSP) es un contrato de importe reducido que la Administración puede adjudicar directamente, sin licitación: basta un expediente simplificado con informe de necesidad, aprobación del gasto y factura. Los umbrales, sobre el valor estimado e IVA excluido, son menos de 15.000 € en servicios y suministros y menos de 40.000 € en obras. Su duración no puede superar el año ni admite prórroga.

Aunque no se licitan, los contratos menores deben publicarse al menos trimestralmente, y muchos órganos piden varios presupuestos: son una vía real de entrada a la venta al sector público. Consulta los umbrales y el expediente en contrato menor en la LCSP y busca oportunidades en contratos menores publicados.

Los contratos SARA (sujetos a regulación armonizada) son aquellos cuyo valor estimado iguala o supera los umbrales que fija la Comisión Europea, revisados cada dos años. Para el bienio 2026-2027 los umbrales son: 5.404.000 € en obras y concesiones, 140.000 € en suministros y servicios de autoridades estatales (216.000 € en el caso de comunidades autónomas y entidades locales) y 750.000 € en los servicios sociales y específicos del Anexo IV. Al revisarse periódicamente, conviene verificar siempre la cuantía vigente en el año en curso.

Superar el umbral activa las reglas europeas: publicación obligatoria en el DOUE, plazos mínimos más largos y acceso al recurso especial. El porqué de estas cifras y sus revisiones se explica en por qué cambian los umbrales de contratación.

Los criterios de adjudicación (artículo 145 LCSP) son las reglas de valoración con las que el órgano de contratación decide qué oferta es la mejor en relación calidad-precio. Se dividen en criterios evaluables mediante fórmulas (precio, plazo, mejoras cuantificables) y criterios sujetos a juicio de valor (memoria técnica, metodología), y deben figurar en el pliego con su ponderación exacta antes de licitar.

Leerlos es lo primero al analizar un expediente: determinan si el concurso «va a precio» o premia la propuesta técnica, y por tanto tu estrategia de oferta y de baja. En el procedimiento abierto y sus reglas de adjudicación se detalla cómo operan y qué límites tiene el juicio de valor.

El DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) es una declaración responsable estandarizada a nivel europeo con la que el licitador declara que cumple los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, sin tener que aportar toda la documentación acreditativa al presentar la oferta. Su formulario está armonizado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7.

La documentación real solo se exige después, al licitador propuesto como adjudicatario, lo que reduce mucho la carga administrativa de concurrir, especialmente para pymes. Cómo rellenarlo y qué errores evitar se explica en la guía de preparación de la documentación de una licitación.

El DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) es el boletín oficial de la UE donde deben publicarse los anuncios de los contratos SARA: anuncio previo, anuncio de licitación y anuncio de formalización. Los anuncios de contratación se difunden a través de su suplemento electrónico TED (Tenders Electronic Daily), siempre con códigos CPV, lo que permite buscar oportunidades en toda Europa con un lenguaje común.

En los contratos armonizados, el cómputo de los plazos mínimos suele anclarse a la fecha de envío del anuncio al DOUE. Cómo se coordina con la PCSP, el perfil de contratante y el BOE se explica en dónde se publican las licitaciones.

El expediente de contratación es el conjunto ordenado de actuaciones y documentos que prepara y documenta un contrato público desde que el órgano de contratación justifica la necesidad hasta la formalización: memoria justificativa, aprobación del gasto, pliegos (PCAP y PPT), informes preceptivos y, ya en fase de licitación, anuncios, actas de la mesa y resolución de adjudicación.

Para el licitador, «leer el expediente» significa revisar toda esa documentación publicada en el perfil de contratante, porque ahí están los requisitos y los criterios que deciden el concurso. La fase de preparación se desarrolla en preparación de los contratos y expediente en la LCSP; puedes explorar expedientes reales en el buscador de licitaciones.

La formalización (artículo 153 LCSP) es la firma del contrato en documento administrativo, y el momento en que el contrato queda perfeccionado: hasta entonces no puede iniciarse la ejecución. Cuando el contrato es susceptible de recurso especial, no puede formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remite la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, precisamente para que un eventual recurso pueda suspender el proceso antes de la firma.

La formalización se publica en el perfil de contratante y, en los contratos SARA, también en el DOUE, por lo que es un dato público muy útil para seguir qué firma cada órgano y con quién. El circuito de publicación se detalla en dónde se publican las licitaciones.

La garantía definitiva (artículo 107 LCSP) es la fianza que el adjudicatario debe constituir antes de la formalización para responder de la correcta ejecución del contrato. Con carácter general asciende al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido, ampliable hasta otro 5 % adicional en casos especiales (por ejemplo, ofertas inicialmente incursas en anormalidad). Puede prestarse en efectivo, mediante aval, seguro de caución o, si el pliego lo admite, retención en el precio.

Se devuelve o cancela una vez vencido el plazo de garantía y cumplido el contrato. Las reglas completas —incluida la garantía provisional, que solo se exige excepcionalmente— están en la guía de garantías en la contratación pública.

La LCSP es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la norma que regula toda la contratación pública en España en transposición de las directivas europeas de 2014. Define quién puede contratar y cómo (órganos de contratación, poderes adjudicadores), los tipos de contrato, los procedimientos de adjudicación, los umbrales (contrato menor, regulación armonizada), la publicidad, las garantías, la ejecución y el sistema de recursos.

Cualquier término de este glosario remite en última instancia a ella. Para una visión de conjunto de su estructura y sus principios —libre concurrencia, transparencia, igualdad de trato— puedes empezar por la guía qué es la LCSP y cómo está organizada.

Una licitación pública es el procedimiento de concurrencia competitiva mediante el cual una entidad del sector público adjudica un contrato: publica un anuncio con los pliegos que fijan el objeto, el presupuesto y los criterios de adjudicación; las empresas presentan ofertas dentro del plazo; la mesa de contratación las valora, y el órgano de contratación adjudica a la mejor oferta. Garantiza los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia que exige la LCSP.

Se diferencia del contrato menor, que se adjudica directamente sin concurso. Puedes buscar licitaciones abiertas en el buscador de expedientes y aprender el proceso completo en cómo buscar licitaciones en España.

Un lote es cada una de las partes en que se divide el objeto de un contrato para adjudicarlas por separado: por territorio (lote 1 Valencia, lote 2 Alicante), por prestación o por tipo de producto. La LCSP invierte la lógica tradicional: la división en lotes es la regla general y el órgano de contratación debe justificar en el expediente los motivos para no dividir.

El objetivo es facilitar el acceso de las pymes, que pueden optar solo a los lotes que encajan con su capacidad; el pliego puede limitar a cuántos lotes se puede licitar o cuántos puede ganar una misma empresa. Sobre cómo aprovecha una pyme esta regla, consulta pymes en la contratación pública.

La mesa de contratación es el órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación: califica la documentación de los licitadores, abre los sobres, valora las ofertas conforme a los criterios del pliego, identifica las que incurren en presunción de anormalidad y eleva la propuesta de adjudicación. La integran, entre otros, funcionarios con funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario.

Sus actas se publican en el perfil de contratante y son una fuente de información valiosa: en ellas se ve qué empresas concurrieron, con qué puntuaciones y por qué se excluyó una oferta. Si detectas irregularidades (por ejemplo, la admisión de una oferta fuera de plazo), las actas son la base para el recurso especial.

La modificación del contrato (artículos 203 a 205 LCSP) permite alterar un contrato ya adjudicado sin volver a licitar, pero solo por razones de interés público y en supuestos tasados. Hay dos vías: las modificaciones previstas en el pliego (artículo 204), que deben estar formuladas de manera clara, precisa e inequívoca y computan en el valor estimado; y las no previstas (artículo 205), limitadas a supuestos excepcionales como prestaciones adicionales o circunstancias imprevisibles.

Es uno de los puntos más sensibles de la LCSP, porque un uso abusivo distorsiona la competencia que hubo en la licitación. El régimen completo, con sus límites cuantitativos, se analiza en modificación y extinción de los contratos administrativos.

Una oferta anormalmente baja —tradicionalmente llamada baja temeraria— es aquella cuyo precio u otras condiciones hacen dudar de que el contrato pueda cumplirse correctamente. La mesa de contratación la identifica aplicando los parámetros objetivos fijados en el pliego y, antes de poder excluirla, debe tramitar el procedimiento contradictorio del artículo 149 LCSP: se requiere al licitador para que justifique su precio (costes, condiciones favorables, innovación) y solo se excluye si la justificación no resulta convincente.

Conocer los umbrales de anormalidad de tu segmento es clave para ajustar la baja sin caer en presunción de temeridad. El artículo sobre cómo estimar la baja de un concurso muestra cómo calcularlo con datos históricos.

El órgano de contratación es la unidad de cada entidad del sector público con competencia para contratar en su nombre: aprueba el expediente y los pliegos, convoca la licitación, adjudica y firma el contrato. Puede ser unipersonal (un alcalde, un consejero, un director general) o colegiado (una junta de gobierno), y cada uno mantiene su propio perfil de contratante donde publica su actividad.

Para vender al sector público conviene pensar en clave de órganos: cada uno tiene sus patrones de compra, sus importes y sus adjudicatarios recurrentes. Puedes explorar los órganos y su actividad en el directorio de órganos de contratación, y profundizar en su régimen jurídico en el órgano de contratación en la LCSP.

La PCSP (Plataforma de Contratación del Sector Público, contrataciondelestado.es) es el punto central de publicidad de la contratación pública española: agrega los perfiles de contratante de los órganos estatales y, por interconexión, la información de las plataformas autonómicas y locales. En ella se publican anuncios de licitación, pliegos, adjudicaciones y formalizaciones, y su publicación tiene efectos jurídicos de publicidad oficial.

Es la fuente primaria donde aparecen la mayoría de las licitaciones españolas, complementada por las plataformas autonómicas, el BOE y el DOUE para los contratos SARA. Cómo se relacionan todos estos canales —y por qué conviene una búsqueda centralizada— se explica en dónde se publican las licitaciones: PCSP, BOE y DOUE.

El perfil de contratante (artículo 63 LCSP) es el espacio de transparencia en Internet asociado a cada órgano de contratación, donde este difunde su actividad contractual: anuncios de licitación, pliegos, composición de las mesas, actas, adjudicaciones, formalizaciones y la publicación trimestral de los contratos menores. La LCSP exige que se difunda exclusivamente por medios electrónicos y que esté alojado o agregado en la PCSP o en la plataforma autonómica correspondiente.

Es el «tablón oficial» de cada comprador público: seguir los perfiles de los órganos de tu territorio y sector es la forma más directa de no perder convocatorias. Más sobre cómo explotarlos en conocer a los órganos de contratación para licitar.

El plazo de presentación de ofertas es el periodo, fijado en el anuncio de licitación, durante el cual las empresas pueden presentar su proposición. Es imperativo: la sede electrónica deja de admitir ofertas a la hora exacta de cierre y la mesa debe rechazar cualquier oferta extemporánea, aunque llegue minutos tarde. Con carácter general se computa en días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio (o desde el envío al DOUE en contratos SARA, donde el mínimo en obras, suministros y servicios es de 35 días).

Cada procedimiento tiene su mínimo legal, con reducciones por urgencia o por anuncio previo, pero el plazo real lo fija siempre el anuncio concreto. La guía de plazos en licitaciones públicas incluye los mínimos por procedimiento y un calendario de trabajo realista.

El PCAP (artículo 122 LCSP) es el documento que fija las reglas jurídicas y económicas de una licitación concreta: requisitos de solvencia o clasificación, criterios de adjudicación y su ponderación, garantías exigidas, condiciones especiales de ejecución, penalidades, régimen de modificaciones y causas de resolución. Junto con el PPT forma «los pliegos», que tienen fuerza vinculante: son la ley del contrato.

Es el primer documento que hay que leer al analizar un expediente, porque contiene los criterios excluyentes (si no cumples la solvencia, no sigas invirtiendo tiempo) y el reparto de puntos que decide la estrategia de oferta. Cómo desmenuzarlo paso a paso se explica en cómo preparar la documentación de una licitación.

El PPT es el documento que define qué se contrata y con qué características técnicas: especificaciones del producto o servicio, niveles de calidad, plazos de entrega, medios personales y materiales exigidos, normas y certificaciones aplicables. Mientras el PCAP regula el «cómo» jurídico-económico de la licitación, el PPT describe el «qué» de la prestación, y la oferta técnica debe responder punto por punto a lo que establece.

Las prescripciones técnicas deben redactarse respetando la igualdad de acceso de los licitadores, sin crear obstáculos injustificados a la competencia (por ejemplo, sin citar marcas salvo excepciones justificadas). Analizar el PPT cuanto antes permite descartar concursos inviables y dimensionar bien la propuesta; la guía de preparación de la documentación explica cómo abordarlo.

Poder adjudicador es la categoría, de origen europeo, que agrupa a las entidades sometidas a las reglas más exigentes de la contratación pública: las Administraciones Públicas y otras entidades con personalidad jurídica creadas para satisfacer necesidades de interés general sin carácter industrial o mercantil, financiadas o controladas mayoritariamente por el sector público (fundaciones, muchas sociedades y consorcios públicos).

La distinción importa porque el régimen jurídico cambia según el grupo: Administraciones Públicas, poderes adjudicadores que no son Administración Pública (PANAP) y entes del sector público que no son poderes adjudicadores siguen reglas distintas de procedimiento y recursos. El mapa completo de entidades está en objeto y ámbito de la LCSP y en contratos de otros entes del sector público.

El presupuesto base de licitación (artículo 100 LCSP) es el límite máximo de gasto que el órgano de contratación puede comprometer por el contrato, IVA incluido como partida independiente. Debe ser adecuado a los precios de mercado y desglosarse indicando costes directos e indirectos y, en contratos intensivos en mano de obra, los costes salariales del convenio de referencia.

No hay que confundirlo con el valor estimado (sin IVA y sumando prórrogas y modificaciones previstas, que es el que determina umbrales y procedimiento) ni con el precio (el de la oferta ganadora). Sobre el presupuesto base se calcula la baja. Las tres magnitudes se comparan en presupuesto, valor estimado y precio en la LCSP.

El procedimiento abierto (artículo 156 LCSP) es el procedimiento ordinario de adjudicación en el que cualquier empresa interesada puede presentar oferta, sin fase previa de selección y con prohibición de negociar los términos del contrato. Las ofertas se valoran conforme a los criterios del pliego y el contrato se adjudica a la mejor relación calidad-precio.

Es el procedimiento más habitual y el más transparente. En contratos SARA, el plazo mínimo de presentación es de 35 días desde el envío del anuncio al DOUE (reducible, por ejemplo, si hubo anuncio previo); en los no armonizados el plazo es menor y se cuenta desde la publicación en el perfil. Su funcionamiento completo, sobres y plazos se detalla en el procedimiento abierto en la LCSP.

El procedimiento abierto simplificado (artículo 159 LCSP) es una versión ágil del abierto para contratos de cuantía media: obras de hasta 2.000.000 € y suministros y servicios por debajo de las cantidades de los artículos 21.1.a) y 22.1.a) LCSP —el umbral SARA de las autoridades estatales, que opera como tope para todos los órganos de contratación, también autonómicos y locales—, siempre que los criterios sujetos a juicio de valor no superen el 25 % de la ponderación (45 % en prestaciones intelectuales como ingeniería o arquitectura). Exige que el licitador esté inscrito en el ROLECE o registro autonómico equivalente.

Existe además la variante «supersimplificada» o sumaria (artículo 159.6) para importes menores, con plazos aún más cortos, sin acreditación de solvencia y sin garantía definitiva. Es el procedimiento estrella para pymes; sus reglas se explican en procedimientos de adjudicación y procedimiento abierto.

El procedimiento negociado es aquel en que el órgano de contratación adjudica el contrato tras negociar sus condiciones con uno o varios candidatos. La LCSP lo admite solo en supuestos tasados: la licitación con negociación requiere publicación previa, mientras que el negociado sin publicidad (artículo 168) se reserva a casos excepcionales como exclusividad técnica o artística, urgencia imperiosa imprevisible o licitaciones previas desiertas.

A diferencia del abierto, aquí los términos de la oferta pueden mejorarse durante la negociación, aunque los requisitos mínimos y los criterios de adjudicación permanecen fijos. Los supuestos habilitantes y el desarrollo de la negociación se analizan en procedimiento restringido y procedimientos con negociación.

El procedimiento restringido se desarrolla en dos fases: cualquier empresa puede solicitar participar acreditando su solvencia, pero solo las candidatas seleccionadas por el órgano de contratación —conforme a criterios objetivos de solvencia indicados en el anuncio— son invitadas a presentar oferta. Como en el abierto, está prohibida la negociación de los términos del contrato.

Se utiliza especialmente en servicios de perfil técnico o intelectual, donde interesa filtrar primero la capacidad de los aspirantes y valorar después sus propuestas. Sus plazos y su comparación con los procedimientos con negociación se explican en el procedimiento restringido en la LCSP.

La prórroga (artículo 29 LCSP) es la extensión de la duración de un contrato más allá de su plazo inicial, siempre que estuviera prevista en el pliego y sin alterar las demás condiciones. La acuerda el órgano de contratación y resulta obligatoria para el contratista si se le preavisa con al menos dos meses de antelación al vencimiento; en los contratos de duración inferior a dos meses la prórroga es obligatoria sin necesidad de ese preaviso. Las prórrogas previstas computan en el valor estimado del contrato.

Para la prospección comercial, las prórrogas son oro: un contrato que agota sus prórrogas tendrá que volver a licitarse, y anticiparse a ese vencimiento permite preparar la oferta con meses de ventaja. El régimen de duración y sus límites se trata en contenido y forma del contrato en la LCSP.

El recurso especial en materia de contratación (artículos 44 a 60 LCSP) es un recurso administrativo potestativo y gratuito que se interpone ante tribunales administrativos especializados e independientes (el TACRC y sus equivalentes autonómicos) contra anuncios, pliegos, exclusiones y adjudicaciones. Procede en contratos de obras de más de 3.000.000 € y de servicios y suministros de más de 100.000 € de valor estimado, entre otros supuestos, y el plazo general de interposición es de quince días hábiles.

Cuando se recurre la adjudicación, la interposición suspende automáticamente la formalización del contrato. Es la vía rápida y especializada frente a irregularidades; su procedimiento completo se explica en el recurso especial en la LCSP.

La solvencia es la capacidad mínima que debe acreditar todo licitador para ser admitido: la económica y financiera (volumen de negocios, seguros, ratios) demuestra que la empresa puede soportar el contrato, y la técnica o profesional (experiencia en trabajos similares, personal cualificado, medios materiales) que sabe ejecutarlo. Los medios concretos y sus umbrales los fija cada pliego dentro del catálogo de los artículos 86 a 91 LCSP (el 87 para la económico-financiera y los 88 a 91 para la técnica, según el tipo de contrato), y deben ser proporcionados y vinculados al objeto del contrato.

Cabe integrar solvencia con medios externos (apoyarse en otra empresa) y, en ciertos contratos, sustituir la acreditación por la clasificación empresarial. Los requisitos y trucos prácticos están en capacidad y solvencia del empresario en la LCSP.

La subcontratación (artículo 215 LCSP) permite al contratista concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el pliego lo prohíba o el contrato exija ejecución directa por sus condiciones especiales. El contratista debe comunicar por escrito al órgano de contratación la parte a subcontratar y la identidad y aptitud del subcontratista, y sigue siendo el único responsable frente a la Administración: los subcontratistas no tienen acción directa contra ella.

La LCSP protege además al subcontratista con plazos de pago tasados. Para muchas pymes, subcontratar para un adjudicatario es la puerta de entrada al sector público antes de licitar en nombre propio, como se apunta en pymes y contratación pública.

La UTE (unión temporal de empresas, artículo 69 LCSP) permite que varias empresas concurran agrupadas a una licitación sumando sus capacidades, sin necesidad de constituirse en escritura pública hasta que se les adjudique el contrato. En la oferta basta indicar los integrantes y su participación; todos quedan obligados solidariamente frente a la Administración y deben nombrar un representante único.

Es la vía clásica para que pymes accedan a contratos que exigirían una solvencia o clasificación que ninguna alcanza por separado: la solvencia se acumula entre los miembros. Cuándo compensa y cómo se acredita se explica en capacidad y solvencia del empresario y en pymes en la contratación pública.

El valor estimado (artículo 101 LCSP) es el importe total que un contrato puede llegar a alcanzar, calculado sin IVA e incluyendo las prórrogas previstas, las eventuales modificaciones contempladas en el pliego y la suma de todos los lotes. Es la magnitud que determina casi todo: si el contrato es menor, si procede el simplificado, si está sujeto a regulación armonizada y si cabe el recurso especial.

La ley prohíbe expresamente fraccionar un contrato para rebajar su valor estimado y eludir umbrales. No confundirlo con el presupuesto base (con IVA, límite de gasto) ni con el precio de adjudicación; la comparación detallada está en presupuesto, valor estimado y precio en la LCSP.